COMENTARIOS A LA CARTA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA A LOS ALCALDES

COMENTARIOS A LA CARTA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA A LOS ALCALDES

ABRIL 20 DE 2016

Con una comunicación de la Agencia Nacional de Minería (ANM), se notifica a algunos alcaldes de país sobre el inicio de un proceso de titulación minera en sus jurisdicciones municipales y les requiere unos estudios que deben presentar en un plazo de 30 d ías, con el aparente objetivo de cumplir con la Sentencia C-123 / 2014 de la Corte Constitucional.

El presente documento demuestra que el procedimiento empleado por la ANM desconoce el mandato de la Corte en esta materia y que por el contrario revive las irregularidades por las  cuales  el  Consejo  de  Estado  en  auto  de  junio  de  2015  ordenó  la  suspensión provisional del Decreto 2691 de 2014, mejor conocido como el  “Decreto Navideño”, a través del cual el gobierno nacional supuestamente reglamentó la Sentencia C-123 de

2014 de la Corte Constitucional.

Debe recordarse que en la referida Sentencia la Corte Constitucional resolvió:

Primero. Declarar EXEQUIBLE el  artículo  37  de  la  Ley  685  de  2001,  en  el entendido  de  que  en  desarrollo  del  proceso  por medio  del  cual  se  autorice  la realización de actividades  de exploración  y  explotación  minera,  las  autoridades competentes del nivel nacional  deberán  acordar  con  las  autoridades  territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades  y  la  salubridad  de  la  población,  mediante  la  aplicación  de  los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo

288 de la Constitución Política. (Subrayado fuera de texto).

Igualmente, en la Sentencia C-035 de 2016, sobre las áreas de reserva minera, la Corte

Constitucional señaló:

Primero.- Por   los   cargos   analizados   en   la   presente   Sentencia,   declarar EXEQUIBLE el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, en el entendido de que i) en relación con las áreas de reserva minera definidas con anterioridad a la notificació n  de  la  presente  sentencia,  la   autoridad  competente  deberá  concertar  con  las autoridades  locales  de  los  municipios  donde  están  ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera, y ii)  en cualquier caso, la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de  Minas y Energía deberán garantizar que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los planes de ordenamiento territorial respectivos.

Segundo.- Por   los   cargos   analizados   en   la   presente   Sentencia,   declarar EXEQUIBLE el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido de que: i) la autoridad competente  para  definir  las  áreas  de  reserva  minera  deberá  concertar previamente  con  las  autoridades  locales  de  los  municipios  donde  van  a  estar ubicadas,  para   garantizar que   no   se   afecte   su   facultad   constitucional  para reglamentar los usos del suelo, conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ii) si la autoridad competente definió las áreas de reserva minera con anterioridad a la notificación de la presente sentencia, deberá concertar  con  las  autoridades  locales  de  los  municipios  donde  se  encuentran

ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera y iii) la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas y Energía, según el caso, deberán garantizar que la definición y oferta de dichas á reas sean compatibles con los respectivos planes de ordenamiento territorial. (Subrayado fuera de texto).

Carta de la ANM a los alcaldes

En la comunicación enviada por la ANM a varios alcaldes del país se les informa que “se encuentra en trámite de estudio y evaluación la propuesta de concesión minera XXXX, ubicada en su jurisdicción, la cual, una vez efectuado el correspondiente estudio técnico, no se encuentra superpuesta con ninguna área excluida de la minería, con el objeto de que despacho (sic), en ejercicio de sus funciones, participe de conformidad con la parte resolutiva de la sentencia C-123 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional”.

Explica la carta que el ciclo minero se compone de tres etapas,  (no mencionada para nada la fase de cierre), y sobre la exploración señala que es una actividad “tendiente a proporcionar información respecto de las características y condiciones del subsuelo y del yacimiento…”. La comunicación no explica sin embargo sobre los impactos ambientales de  los  trabajos  de  exploración,  entre  ellos,  los  generados  por  la  construcción  de carreteras, obras civiles, sísmica y perforaciones que se deben realizar en esta etapa, para la cual desafortunadamente no se exige el Estudio de Impacto Ambiental, ni consecuentemente licencia ambiental.

Agrega la carta que “en consecuencia, esta entidad queda atenta a su respuesta, en un té rmino de 30 días, que para el efecto señala el artículo 14 del CPACA1, el cual a solicitud expresa puede ser prorrogado por un plazo de 30 días adicionales. No sin antes recordar, que de conformidad con la normativa vigente, la participación de la entidad territorial que usted  representa  y  las  propuestas  que  formule,  debe  estar  soportada  en  estudios  té cnicos, sociales y ambientales, las cuales podrán sustentarse, entre otros, en los estudios realizados  para  la  expedición  de  los  Planes  de  Ordenamiento  Territorial,  o  en  los elaborados por las Corporaciones Autónomas Regionales”.

El papel de las entidades territoriales en el proceso de licenciamiento minero

La Sentencia C-123 / 2014 de la Corte Constitucional, cuya esencia fue ratificada en la Sentencia C-035 / 2016, al estudiar la constitucionalidad del artículo 37 del Código de Minas rompió con el monopolio de la autoridad minera en materia de titulación e incluyó en ese procedimiento un nuevo actor: las entidades territoriales.

Señala la Corte Constitucional que el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 – Código de Minas implica una limitación excesiva al principio de autonomía territorial establecido en la Constitucional Nacional, porque limita la competencia de los municipios a reglamentar el uso de los suelos, anula la participación ciudadana y la competencia de los concejos municipales al tener que excluir a la minería de los POTs, y porque se trata ésta de una actividad  que  genera  impactos  relevantes  sobre  el  medio  ambiente,  el  modelo  de desarrollo económico, las fuentes de aguas disponibles y la vida cotidiana de los pobladores.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Señala la Corte Constitucional que para armonizar el artículo 37 del Código de Minas con la Constitucional Nacional y las leyes de ordenamiento territorial se debe, basados en los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad, permitir una participación razonable de los municipios sobre las decisiones mineras, los cuales deben participar de forma  ACTIVA  y  EFICAZ,  a  través  de  sus  órganos  de  representación  y  tener  una influencia apreciable en la decisión axial de la vida del municipio, como la protección de las cuencas hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades.

En consecuencia, la Corte procede a declarar exequible el artículo 37 de la Ley 685 de

2001, “en el entendido de que en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la

realización   de   actividades   de   exploración   y   explotación   minera,    las   autoridades competentes   del   nivel   nacional   deberán   acordar   con   las   autoridades   territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad previstos en el artículo 288 de la CP”. 2

Gobierno Nacional desvirtuó el mandato de la Corte Constitucional

El 28 de diciembre de 2014, el gobierno nacional expidió el Decreto 2691 de 2014, mejor conocido como el Decreto Navideño, en el cual trató de reglamentar el artículo 37 del Có digo de Minas a la luz de la Sentencia C-123 de la Corte Constitucional. En ese decreto se estableció un procedimiento de difícil complimiento (fechas y estudios que muy pocas entidades territoriales podían cumplir) y el Ministerio de Minas se quedaba con la decisión final de concesionar áreas de las entidades territoriales.

Luego de varias demandas por violación protuberante de la Carta Política, entre otros, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto Navideño al señalar que “no admite un proceso de deliberación y decisión como establece la Sentencia C-123, sino que es una imposición de la Autoridad Nacional sobre las Entidades Territoriales”.

Además, señala el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional estableció un procedimiento administrativo a las Entidades Territoriales, siendo ésta una competencia exclusiva del legislativo, y reiteró que el decreto Navideño vulneraba el principio constitucional de autonomía territorial.

La Agencia Nacional de Minería se quejó en su último informe de gestión de que con la decisión del Consejo de Estado, la Agencia había quedado desprovista de un decreto reglamentario que le permitiera cumplir con el mandato de la Corte, es decir, que en ausencia de un protocolo o mecanismos de coordinación para llegar a los acuerdos ordenados por la Corte, prácticamente estaba impedida para cumplir con sus funciones. Otorgar   títulos   mineros   sin   cumplir   con   el   mandato,   conlleva   un   desacato   con implicaciones disciplinarias y hasta legales para los funcionarios de la ANM.

Con respeto a este protocolo o mecanismo para coordinar el cumplimiento del mandato de la Corte, en la misma sentencia se señala la necesidad de establecerlos y el Consejo

2 Aclaración del Voto. Maria Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas se apartan de la decisión y señalan que el art

37 es inconstitucional.

de Estado añadió que ellos deben ser generados por el Congreso de la República, quien tiene esa competencia; en consecuencia mal puede el ejecutivo, a través de la autoridad minera, imponer nuevos procedimientos, que además desconocen la esencia de la Sentencia C-123 de 2014.

Las cartas de  la  ANM desvirtúan  los fallos  de  la  Corte  Constitucional  y buscan preservar el centralismo en materia minera.

Como se dijo al comienzo del escrito, el Ministerio de Minas y Energía, a través de su Agencia Nacional de Minería (ANM), ha enviado cartas a algunos alcaldes señalándoles que existe una solicitud para hacer exploración minera en su jurisdicción municipal y que requiere  de  los  estudios  señalados  en  un  plazo  de  30  días,  máximo  de  60,  para analizarlos y tomar una decisión respecto a esa solicitud.

Se trata en consecuencia de revivir el llamado Decreto Navide ño por la vía, no de una Resolución   o   Decreto,   sino   de   comunicaciones   a   los   alcaldes,   estableciéndoles nuevamente un procedimiento de difícil cumplimiento e irregular puesto que esa no es una función del ejecutivo / Ministerio de Minas / ANM.

Aspectos que se deberían tener en cuenta al responder la comunicación de la ANM:

El Consejo de Estado, en el auto que suspendió provisionalmente el decreto 2691 de

2014   (decreto   Navideño),   aclaró   que   no   es   función   del   ejecutivo   establecer procedimientos administrativos a las entidades territoriales, pues esta es una competencia del Congreso de la República según los artículos 29, 114 (numerales 1 y 2) y el artículo

150 de la Carta Política.

El Congreso de la República no ha expedido el protocolo o procedimiento de coordinación entre el ejecutivo y las entidades territoriales para el desarrollo de la actividad extractiva, en  el  cual  se  armonicen  las  competencias  de  la  Nación  y  los  municipios  o  distritos, siguiendo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad.

La ANM fija un procedimiento y plazos desconociendo la participación ACTIVA y EFICAZ de las Entidades Territoriales en los asuntos que pueden impactar a sus territori os. Se excede la ANM en sus atribuciones constitucionales y legales y profundiza el centralismo en materia minera.

El procedimiento de difícil cumplimiento y con plazos desorbitados, para entregar estudios que en muchos casos no existen, están desactualizados, los municipios no tienen  los recursos para contratarlos o no podrían entregarlos en el tiempo establecido, así como tampoco están facultados legalmente para invertir recursos en la generación de dicha información.

La  comunicación  de  la  ANM desconoce  otras  instancias de  representación,  como  los Concejos Municipales y las Corporaciones Autónomas Regionales, cuyas competencias de orden superior también son determinantes a la hora de tomar decisiones que impactan a los pobladores y su territorio.

Desconoce también la participación ciudadana y concentra nuevamente en el Gobierno Central    la  decisión  de  suscribir o  no  un  contrato de  concesión  minera, desvirtuando expresa y deliberadamente el mandato de la Sentencia C-123 de 2014.

Las contradicciones entre el artículo 37 del Código de Minas y varios artículos de la Carta Política3  y con las leyes reglamentarias relativas al ordenamiento territorial no han sido reguladas por el Congreso de la República, que es el órgano a quien corresponde tal función.

Se reconoce el enorme reto que implica establecer un protocolo y los mecanismos para llegar a los acuerdos mencionados, pero los mismos constituyen el desarrollo del primer artículo  de  la  Constitucional  Nacional:  “Colombia  es  un  Estado  social  de  derecho organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de las Entidades Territoriales, democrática, participativa y pluralista…”.

Por  lo  pronto,  cumplir  con  lo  expuesto  por  la  Corte  Constitucional,  es  de  carácter obligatorio.

RODRIGO NEGRETE MONTES LUIS ALVARO PARDO B