9/21/2014

La locomotora minera echa humo

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 943 de 2013

La locomotora minera echa humo

Este decreto les impide a las autoridades locales vetar la realización de proyectos mineros en su territorio y les pone un tatequieto a las consultas populares con el mismo fin


La minería ilegal ha llevado a la contaminación de varios ríos, por ejemplo, en Antioquia. / David Campuzano - El Espectador
Si ha habido una locomotora que ha generado polémica, manifestaciones populares y hasta agarrones entre los organismos de control y el Gobierno, esa ha sido la locomotora minera. Ahora, el Consejo de Estado acaba de proferir un fallo que, seguramente, va atizar la controversia.
El alto tribunal acaba de suspender provisionalmente el decreto 934 de 2013, mediante el cual el gobierno de Juan Manuel Santos le puso un tatequieto a la posibilidad de que las autoridades locales —en algunos casos mediante consultas populares, como las de Piedras (Tolima) y Monterrey (Casanare)— veten la realización de proyectos mineros en su territorio.
Según el magistrado ponente, Hernán Andrade, este “acto vulnera la autonomía territorial, entendida como la capacidad de ejercer competencias propias y que se instituye en el ordenamiento jurídico colombiano no sólo como una garantía institucional sino como una verdadera garantía constitucional”.
El decreto fue demandado por la Contraloría, que en varias ocasiones ha denunciado las consecuencias de que nadie ponga en cintura a la locomotora minera. De acuerdo con esa entidad, este decreto “no fue consultado con las comunidades étnicas, pese a afectarlas directamente”.
En él se “adoptan disposiciones que son violatorias de las facultades que les estableció la Constitución y la ley a los municipios y distritos, concretamente en términos de su autonomía para reglamentar los usos del suelo y adoptar normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico”.
Tales señalamientos concuerdan con las denuncias que desde hace por lo menos dos años viene haciendo esta entidad sobre los conflictos generados por la locomotora minera, los cuales, según esta entidad, son “la expresión del choque entre el interés general de los ciudadanos y una política minera perfilada con el exclusivo propósito de satisfacer el apetito rentístico del Estado (impuestos y regalías) y el interés utilitarista de las grandes empresas mineras, nacionales y extranjeras, propietarias del 100% de las reservas o los minerales descubiertos a la fecha”.
Esa entidad ha revelado cifras tan preocupantes como, por ejemplo, que la contaminación con mercurio, usado casi en su totalidad por minería ilegal o informal, ha hecho que su nivel de vertimiento en los afluentes sea uno de los tres peores del mundo o que “en la totalidad del país se emitan 180 toneladas de mercurio al aire”.
En defensa de la locomotora
 Desde la otra orilla, el Gobierno ha dicho que la locomotora minera no es un monstruo y que el decreto 934, pese a impedir la posibilidad de veto por parte de las autoridades locales, no implica que el Gobierno no tenga en cuenta las dudas de los concejos municipales y las asambleas departamentales. Este fue, de hecho, su argumento contra la demanda presentada por el organismo de control.
El Ministerio de Minas sostuvo al respecto que no es que el Gobierno vaya a pasar por encima de los municipios, literalmente, como una locomotora, sino que, a la hora de avalar proyectos mineros, va a coordinar “con las autoridades territoriales afectadas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano y en especial de sus cuencas hídricas, del desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población”.
Esto con base en una sentencia del año pasado de la Corte Constitucional, en la cual el alto tribunal declaró constitucional la prohibición impuesta a las autoridades locales bajo el entendido —ya mencionado— de que el Gobierno deberá acordar con ellas antes de avalar los proyectos mineros.
Pero para Andrade, este decreto no cumple suficientemente con lo señalado, precisamente, por la Corte Constitucional en cuanto a que este impedimento es exequible, siempre y cuando la ley “garantice un grado de participación razonable de los municipios y distritos en el proceso de decisión sobre si se permite o no se permite la actividad de exploración o de explotación minera en su territorio”.
Por ello, para el experto en medio ambiente de la ONG Dejusticia, César Rodríguez, no se puede hablar de un choque de trenes entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, sino de que el primero “está sacando las consecuencias lógicas de la regulación de estos temas en la Constitución” y confirmando que el Gobierno tiene que coordinar con las autoridades locales para la realización de proyectos mineros.
Pero, valga decir, la decisión del Consejo de Estado es provisional y la controversia seguirá. La discusión no es menor: están en juego el medio ambiente, la posibilidad de una minería sostenible e incluso la suerte de municipios como Piedras (Tolima) o Monterrey (Casanare), cuyos ciudadanos votaron contra los proyectos mineros en su territorio, aunque el Gobierno no ha querido reconocer los resultados de estas consultas.
Eso sin contar que los alcaldes de algunos de los municipios donde se han presentado votaciones contra la minería son investigados actualmente por la Procuraduría. Supuestamente, por faltar a la ley. Por ahora, la locomotora sigue andando, ojalá no se descarrile en perjuicio del medio ambiente.


jjimenez@elespectador.com
@juansjimenezh

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