8/01/2013

Piedras, sienta precedente.

 
Piedras, sienta precedente.
 
Ayer, mediante decisión unánime, con 2971 votos en contra de la minería de la Anglo Gold Ashanti y solo 24 a favor[1], los y las pobladoras del Municipio de Piedras, en el departamento del Tolima, haciendo uso de sus derechos constitucionales y, ejerciendo el poder popular consagrado en el artículo 3 de la Constitución de 1991 como principio rector de la misma, decidieron decir NO a la construcción de una planta de tratamiento de lixiviación que la transnacional aurífera tiene planeado realizar como parte del proyecto extractivo de la Colosa en el municipio de Cajamarca del mismo departamento.
Lo ocurrido ayer en esta población de Piedras sienta un precedente histórico que reviste de la mayor importancia dado el actual estado cosas y el desmesurado afán del Gobierno por llevar adelante la absurda y descabellada “locomotora minero-energética” que arremete y arrasa gran parte de nuestros territorios y que, en mayor proporción, promueve la inversión de grandes compañías transnacionales, criminalizando y abandonando emprendimientos ancestrales y artesanales de nuestros coterráneos, modificando las leyes nacionales y/o expidiendo decretos muy lesivos para la autodeterminación territorial ejemplo de ello es el Decreto 934 expedido el 9 de Mayo de este año por el Ministerio de Minas.
De lo anterior, se deduce la importancia del suceso llevado a cabo el día de ayer bajo el acompañamiento de la Registraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo, del C.T.I, la Policía Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Observación Electoral (MOE) y de un sinfín de organizaciones nacionales que convergieron para hacerle un seguimiento y asegurar el correcto desarrollo de tan importante elección dando como resultado la decisión soberana de una comunidad que, en vista de la inminente amenaza ecológica y social a su territorio, sus costumbres, su paz y tranquilidad, decidieron,  ejerciendo el derecho a la Consulta Popular establecido en el artículo 113 de la Constitución y, reglamentado por la Ley 134 de 1994 con ayuda del Alcalde, el Concejo del Municipio y el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, RECHAZAR toda clase de exploración y explotación minera.
Lo que queda por delante no es menos complicado, el Concejo, en la próxima legislatura que inicia este jueves 1 de Agosto, deberá expedir un Acuerdo Municipal donde plasme la decisión popular, si no lo llegase a hacer, le corresponde al Alcalde expedir un Decreto con fuerza de Acuerdo para que reglamente lo decidido por la comunidad.  
Este proceso ha de servir para todas las comunidades colombianas que en vista de la premura desarrollista del actual Gobierno y de la volatilidad bursátil de los precios internacionales de los minerales se han visto afectadas por la intransigencia de la locomotora minero-energética que con la idea de ser de “interés público” consagrado en el artículo 13 del Código de Minas, Ley 685 de 2001, arrasa territorios y destruye comunidades como así lo muestran infinitos ejemplos en los departamentos del Cesar, la Guajira, Córdoba, Bolívar, el Choco, parte de Antioquía, por mencionar solo algunos casos nacionales.
Hay que recordar al Gobierno Nacional y a la comunidad en general, que el argumento del interés público de los emprendimientos mineros como lo establece la mencionada Ley está sometido a los principios y normatividad adoptada en convenios y tratados internacionales y, más especialmente, en la Constitución Nacional[2] como principio rector de la misma.
Es deber de todas y todos nosotros impulsar estos procesos de decisión popular en los diferentes territorios de nuestra nación y, exigir el cumplimientos de las decisiones soberanas de las comunidades que los habitan.

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