10/13/2012

Enajenación del río Magdalena una tragedia nacional


Enajenación del río Magdalena una tragedia nacional



Norman Alarcón Rodas, La Libertad, Barranquilla, septiembre 27 de 2012

Una de las políticas emanadas del Consenso de Washington fue la de la privatización del patrimonio público aplicada desde hace más de veinte años en nuestro país y ya se pueden ver sus resultados altamente negativos. La salud pública en cuidados intensivos por la ley 100, que casi nadie se atreve a defender. Los servicios públicos domiciliarios en manos de monopolios privados que amasan inmensas utilidades y amplios sectores sociales soportando malos servicios y onerosas tarifas. La educación básica y media entregada a pedazos a mercaderes cada vez más opulentos y la universitaria pública con los más altos déficit de los últimos años.
Faltaba que la principal arteria fluvial del país, el río Magdalena, entrará en las cábalas del gran capital para ponerlo a su servicio. Hace varios años el gobierno de Álvaro Uribe Vélez lo ofreció a la inversión privada extranjera, pero fue a partir de febrero de 2011 cuando el entonces ministro de Transporte, Germán Cardona, anunció que el gobierno de Juan Manuel Santos buscaba recuperar la navegación del río Magdalena para luego entregar concesión el manejo del dragado y transporte.
Luego entró en escena la empresa estatal china Hidrochina firmando con Cormagdalena el Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena por un valor de 6.4 millones de dólares, colocando la primera más del 90 por ciento de la inversión, no reembolsable. El objetivo principal del contrato es aprovechar el potencial del río Magdalena en navegación, energía, hidroeléctrica y medio ambiente. El fugaz ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, anunció a mediados del presente año que en abril de 2013 se estaría entregando en concesión la navegabilidad por el río Magdalena gracias a que la autoridad ambiental agilizara el proceso de vía libre de la recuperación de la arteria fluvial para poder abrir la licitación a fines de este año. Los estudios iniciales de Hidrochina indican que es necesario llevar el cauce a 8 pies de profundidad para que se puedan cargar convoyes de 7.500 toneladas.
El presidente Juan Manuel Santos el 3 de agosto pasado afirmó en Tenerife, Magdalena, que en el primer trimestre del año entrante “habrá sido entregado en concesión el río Magdalena y que por ahí van a transitar buena parte de los productos colombianos”. Al día siguiente en Buenaventura el primer mandatario dijo que “el río Magdalena, que lo estamos recuperando, le estamos invirtiendo $700.000 millones, unos 390 millones de dólares, para entregarlo después en concesión, eso va a abaratar muchísimo los costos de transporte”. Días más tarde en Cartagena, Santos afirmó: “una vez dragado el río, se va a entregar en concesión”.
Las primeras críticas se escucharon en Cartagena en una sesión del Acuerdo para la Prosperidad. El alcalde de Simití, Bolívar, Elkín Muñoz, manifestó “El problema es que con la concesión vendrá el pago de peajes a toda clase de aparatos que baje por el río”.
A su vez Cormagdalena informó que en las próximas semanas abrirá una convocatoria para que las compañías interesadas conozcan el proyecto de asociación público-privada para convertir el río Magdalena en una “autopista fluvial”. En el primer semestre de 2013 se seleccionarán las mejores seis ofertas y sus propuestas jugarán en una licitación. El plan incluye el encauzamiento de 256 kilómetros entre Barrancabermeja, Santander, y Puerto Salgar, Cundinamarca, y La Dorada, Caldas, y el mantenimiento del canal navegable hasta Barranquilla. Se trata de una inversión de 400 millones de dólares. El compromiso del privado es garantizar que el cauce tenga entre 6 y 8 pies de profundidad para pasar a movilizar de dos a ocho millones de toneladas anuales de carga.
En resumidas cuentas las autoridades nacionales están preparando el zarpazo de manera meticulosa, en primer lugar invirtiendo 390 millones de dólares del presupuesto general de la Nación en la recuperación del río Magdalena para luego enajenar el gran afluente al capital extranjero para que lo pueda usufructuar a lo largo y ancho, controlando todas las actividades de centenares de puertos y poblaciones ribereñas y aledañas, colocando peajes, reglamentaciones y normas, con lo cual se perdería la libertad de navegación y de intercambios que tienen las poblaciones desde épocas precolombinas, lo cual es un paso regresivo en la dirección de la recolonización de Colombia. No se harán esperar las posiciones en contra de este nuevo adefesio que hiere el sentimiento nacional, desde las bravías tierras del Huila en el Alto Magdalena donde sus laboriosos habitantes enfrentan los asaltos de la hidroeléctrica de El Quimbo, pasando por el Magdalena Medio donde centenares de miles de personas viven de las actividades productivas y comerciales utilizando el afluente, siguiendo por el Bajo Magdalena hasta Bocas de Ceniza donde los barranquilleros y atlanticenses empiezan a ponerse en pie por los derechos de la población y en rechazo de los atropellos centenarios.

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