7/21/2012

Vientos de indignación en la Guajira: el río Ranchería a merced de las locomotoras mineras

                     Río Ranchería, símbolo de la resistencia guajira

Por Carlos Victoria

La locomotora minera está a punto de engullirse al río Ranchería, en la Guajira. No menos de 68 mil hectáreas serán intervenidas a lo largo de más de 20 kilómetros de su cauce, lo que implicará su desviación y con ello poner en riesgo la vida de miles de indígenas, afro descendientes y pobladores de varios municipios. Se trata del 33 % de un territorio desértico que depende de este río para su subsistencia. En el lecho del afluente hay reservas de carbón, y la multinacional brasilera MPX, se frota las manos antes de iniciar la explotación  del mineral. El río se ha constituído  en el freno al desierto, y ahora en icono para detener a las locomotoras carboníferas.

El anuncio ha despertado el más rotundo rechazo de distintos sectores de la Guajira que desde ya preparan una serie de actividades para oponerse a la intervención del río, tal como de manera contundente lo hiciera la ciudadanía de Bucaramanga y Santander, en defensa del Páramo de Santurban. La historia de la minería a cielo abierto en la península caribeña empezó en los años 80 con la estatal Carbocol. Las reservas calculadas en el río Ranchería serían de 500 millones de toneladas, y se prevé una enorme movilización social para salvarlo.
                     Felipe Rodriguez, Centro de Estudios del Carbón

La desviación del curso del río pondría en peligro, además,  las actividades agropecuarias y el tejido social y cultural para una docena de comunidades indígenas y campesinas asentadas en sus márgenes, tal como lo ha denunciado elComité Cívico de la Guajira contra la Gran Minería que desde ya ha convocado para el próximo 20 de noviembre a una gran movilización cívica  desde la cual se busca denunciar y frenar este Megaproyecto. “A pesar de la corrupción local y la manipulación, la resistencia crece”, sostiene Felipe Rodríguez, Coordinador del Centro de Estudios  del Carbón.

“Cambiar un cauce afecta aguas subterráneas y también la fauna y la flora, los cambios físicos y químicos que se generarán por el solo hecho de correr en un nuevo cauce; la migración de especies animales nativas; pero especialmente la potencial pérdida de volumen de agua en el río. Este recurso hídrico, amenazado por el avance descontrolado de la minería, es muy importante, determina las actividades económicas de gran parte de la población y además, conforma el entorno cultural y turístico de la región”, afirma Jacobo Solano Cerchiaro.

                           Arcesio Romero, Director de Corpoguajira.

El comité cívico denunció que el director de Corpoguajira, Arcesio Romero  Pérez, fue fletado por MPX al Brasil, junto con funcionarios, diputados y representantes de la Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta  para “conocer alternativas de desarrollo sostenible” en ese país, en el mes de marzo pasado, lo que fue calificado  como un evidente hecho de corrupción. Entre los políticos, con gastos pagados por la empresa, se contaban los concejales de Dibulla, donde se construirá un muelle carbonífero. Por Acuerdo del Concejo, el Alcalde tiene manos libres para exonerar de impuestos a la firma extranjera.

En su edición del pasado 25 de junio El Heraldo de Barranquilla denunció que MPX tiene entre sus filas a varios ex altos funcionarios del gobierno Uribe: “Junto con Leyla Rojas, ex viceministra de Agua y quien hoy es la jefe Jurídica de la compañía brasilera en Colombia, llegaron Diana Zapata Pérez, exdirectora de Licencias, además de Adriana Rodríguez y el ingeniero Juan Carlos Burgos, quienes trabajaron en esta dependencia ministerial”.  Según el periódico esta firma ha invertido 200 millones de dólares y está a la espera de que le aprueben la licencia ambiental para arrancar con las explotaciones.

El poder corruptor de las multinacionales del carbón parece imparable, como también ha sucedido en el caso del Municipio de Barrancas, donde el Concejo había archivado por lesivo e inconveniente a los intereses de la comunidad, el Acuerdo que pretendía modificar el ordenamiento territorial. Sin embargo El Cerrejón logró que entre el Alcalde y un grupo de concejales ampliaran la zona de explotación minera. La Compañía, además, pagó los costos del nuevo EOT. Como se puede apreciar las autoridades de la Guajira, el César, y el Magdalena, están al servicio de la mega minería multinacional, a pesar de las denuncias e investigaciones exhaustivas.

                                Minería a cielo abierto en la Guajira.

A través de múltiples estrategias jurídicas, mediáticas y sociales,  las transnacionales BHP Billiton, Anglo América y Xtrata, propietarias de El Cerrejón,  que acapara el 40 % de la producción nacional, ha intervenido 11.700 hectáreas, de las cuales solo ha recuperado ambientalmente 2.700. Hacia el 2014, la meta fijada de producción es de 60 millones de toneladas, casi el doble de lo que estaba explotando en el 2009. El pasado 9 de agosto se cumplieron 10 años del desalojo de Tabaco, en el Municipio de Hato Nuevo, convirtiéndose en el símbolo del avance de la minería a cielo abierto: Allí quedó patentado la confabulación de las autoridades con las compañías extranjeras.

 Los indígenas Wayuu están dando la batalla en defensa de su territorio.

Ante los estragos sociales, económicos, ambientales y culturales dejados por las explotaciones carboníferas, elresguardo Wayuu de El Zahino, al sur de la Guajira, en la consulta previa convocada por el Ministerio del Interior, decidió categóricamente que: “… en nuestro territorio ancestral, no se permitirá la construcción de ninguna línea férrea, ni mucho menos, la exploración ni explotación de nuevos yacimientos hidrocarburos o de carbón, por parte de ninguna compañía que nos afecta de manera general”. MPX pretende construir una línea férrea por territorio Wayuu para  transportar el carbón hasta Dibulla.

El pasado 13 de septiembre, cientos de estudiantes de la Universidad de la Guajira salieron a las calles de Riohacha a reclamar los 30 mil millones de pesos que El Cerrejón le adeuda al centro de estudios por concepto de un impuesto creado, mediante Ordenanza de 1993,  para ayudar a financiar la educación superior en el departamento. En el Día de la Indignación, como fue llamada la jornada, los estudiantes devolvieron unos buses entregados por la empresa:"Vengan y reciban los buses y paguen lo que nos deben. Los españoles nunca pudieron embobar a los wayuu con espejitos y abolorios. En pleno siglo XXI Cerrejón cree que nos va a embobar a nosotros con esos buses, para no pagarnos el impuesto a la estampilla", dice un comunicado.

Como lo corroboran las investigaciones del Centro de Estudios del Carbón, a cargo de Felipe Rodríguez, y los estudios del profesor Jorge Iván González, los impactos económicos y sociales de la gran minería son pingues frente a las expectativas y discursos sobre “el desarrollo y progreso” de los territorios donde se explota el subsuelo. En el caso de la Guajira son contundentes: la cobertura y disponibilidad de agua potable las 24 horas en los municipios sólo es del 74% y el de alcantarillado del 56%, indicador asociado – también- a los estragos de la corrupción. En esta región la minería solo genera el 10% de los empleos. De hecho como sostiene González, la locomotora minero-energética y el sector  financiero son los que  menos empleo generan, al tiempo que no se articula con el sector agropecuario y destruye los ecosistemas.

25 de septiembre de 2011

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