7/01/2012

Al por mayor

Alfredo Molano Bravo

Al por mayor

Por: Alfredo Molano Bravo

Mientras en el Congreso de la República se cocinaba un operativo de fuga constitucional de los parapolíticos, de sus protectores y de sus financiadores, el presidente Santos anunciaba muy orondo, en Río+20, que añadía en números redondos 17 millones de hectáreas a las áreas de reserva estratégica para minería existentes, para un total de 22 millones de hectáreas.Imprimir En los 22 millones de hectáreas el Gobierno —tan ajeno a la corrupción— piensa transformar la feria de concesiones con cédula, según palabras del ministro de Minas, por rondas mineras a las que, como es bien sabido, sólo podrán asistir las grandes empresas que puedan cumplir con las exigencias de una “minería sostenible”. ¿Podría explicar el Gobierno cómo hacer para al mismo tiempo que de una mina se saca oro, se mete? Y, para completar, la minería debe ser “amigable”. Del Gobierno, sin duda.

Si bien esos bloques no están dentro de zonas mineras indígenas, según se lee —en pésimo castellano—, nada impide que una multinacional china, digamos, firme con un resguardo indígena —o con su capitán— una especie de consorcio para la explotación de coltán, donde los indígenas tengan el 1% de participación en la empresa. Esa sociedad haría de hecho legal la explotación y aseguraría el resultado de la consulta.

Más allá del destrozo ambiental que traerá la minería “sostenible”, lo que nunca se podrá remediar es la división de las comunidades indígenas y negras, la compra de consultas, la corrupción de capitanes, a imagen y semejanza de lo que ha hecho el Gobierno con el Congreso, el Congreso con las cortes y las cortes con el Gobierno

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