6/18/2012

Tren de dinero en La Guajira

Sndicalistas quieren que municipios le cobren a Cerrejón 30 años de predial por línea férrea
Tren de dinero en La Guajira
Por: Alexánder Marín Correa / Diana Carolina Cantillo

Tribunal del departamento ordenó registrar la vía por donde pasa el tren que lleva el carbón de la mina hasta Puerto Bolívar. Decisión permitiría a cinco municipios cobrar predial, pero quieren el pago retroactivo.
La franja de terreno que está en disputa comienza en la mina, ubicada en Barrancas y termina en Puerto Bolívar, de donde sale el carbón de Colombia para el mundo. / Archivo - El Espectador
Una nueva batalla se gesta contra el Cerrejón en La Guajira, con una intención muy ambiciosa: hacer que pague casi $400.000 millones de impuesto predial a los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Maicao, Albania, Uribia y Manaure. La multimillonaria cifra correspondería al tributo que supuestamente ha dejado de pagar la minera por una franja de terreno de 150 kilómetros de largo por 300 metros de ancho, por donde corren carreteras privadas y pasa la línea férrea que la empresa ha usado durante casi 30 años para transportar el carbón desde la mina hasta Puerto Bolívar.
De acuerdo con la acción de cumplimiento, el cálculo de la multimillonaria cifra está basado en un pago anual de casi $10 mil millones para los municipios, de $1.000 millones para Corpoguajira y $200 millones para los cuerpos de bomberos. Si se aplican estas cifras al período que los municipios no han cobrado el tributo, llegaría a una pretensión de $400 mil millones, que equivale a casi cinco meses de producción de la mina. Aunque el Cerrejón la considera una pretensión inviable jurídicamente, funcionarios y líderes de La Guajira creen que es una pelea que tienen que dar.
Los terrenos motivo de la controversia fueron reservados en 1981 por el Incora para las empresas Carbones de Colombia S.A. (Carbocol) e International Colombia Resources Corporation (Intercol), que operaban entonces en la zona. En 1984 terminó la construcción de la vía férrea y desde entonces hace parte de la infraestructura total de la concesión, la cual asumió años después Cerrejón.
Esta batalla ya había tenido un primer capítulo. En diciembre de 2009 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) inscribió la tierra en pleito con retroactividad hasta 1991 y de inmediato los municipios le cobraron a Cerrejón el predial de casi 20 años. Por ejemplo, el municipio de Uribia le facturó $185 mil millones; Maicao, $60 mil millones, y Manaure, $20 mil millones. Sin embargo, seis meses después el IGAC revocó la inscripción y el exalcalde de Maicao solicitó la nulidad de la revocatoria, acción que no se ha decidido.
Revive la lucha
La lucha volvió a comenzar, pero curiosamente detrás no están las administraciones locales, que serían las grandes beneficiadas. Se trata de un grupo de trabajadores sindicalizados de la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira), que pusieron en marcha las primeras acciones judiciales para allanar el camino que les permita a los municipios cobrar los recursos. La idea tiene buena acogida, especialmente ahora que con el nuevo esquema de regalías se desajustaron las finanzas.
Aunque los sindicalistas no se beneficiarían directamente de los recursos que pretenden pelear, aseguran que su interés apunta a garantizar la viabilidad financiera de Corpoguajira, que se beneficiaría directamente de la multimillonaria partida, ya que le correspondería el 10% por sobretasa ambiental. Otros beneficiados serían los bomberos de la región.
En esta batalla jurídica que apenas comienza, los sindicalistas ya ganaron el primer asalto. Como los municipios nunca han podido cobrarle impuesto predial a Cerrejón, porque los predios de la carrilera no están debidamente registrados por el IGAC, los sindicalistas presentaron una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de La Guajira para que le ordenara al instituto corregir la situación y, de paso, realizar un avalúo de la tierra y las mejoras.
La decisión se conoció recientemente y fue favorable a los miembros del sindicato. La importancia de este fallo para las pretensiones de sus promotores radica en que, una vez se registren los predios y se haga el avalúo, las alcaldías de las poblaciones por donde pasa el tren de Cerrejón podrían empezar a cobrar el tributo y Corpoguajira obtendría de paso su parte por la sobretasa ambiental. Sin embargo, el tribunal aclaró que la inscripción catastral de las mejoras existentes en el terreno sólo adquirirá vigencia a partir del 1º enero del año siguiente a su elaboración.
Según Farel Romero, profesional especializado de la oficina asesora de planeación de Corpoguajira y miembro del sindicato, “la decisión es un triunfo, ya que si queda en firme, tanto los municipios como la corporación recibirán más recursos. Una vez registren los predios, quedará en manos de los municipios iniciar la lucha por lo que dejaron de recibir durante casi 30 años. Lo único claro es que lo correspondiente a la sobretasa ambiental no es negociable”.
Apelación
Debido a las implicaciones, tanto el IGAC como Cerrejón anunciaron la apelación del fallo, que pasará al Consejo de Estado para que tome una decisión de fondo. El Espectador consultó a el IGAC, que en un escueto comunicado señaló que apeló la decisión pues no ha incumplido sus funciones y ha realizado las gestiones tendientes a la incorporación de las mejoras en las bases de datos catastrales, pero a la fecha no ha podido determinar quién es el propietario o poseedor de dichas mejoras. Por ahora, “una vez resuelvan el recurso de apelación, el IGAC procederá de conformidad a lo que allí se ordene”.
Por su parte, a través de un oficio a El Espectador, Cerrejón señaló que la decisión del tribunal es contraria a la realidad, ya que parte del falso supuesto de que las obras de infraestructura son mejoras que deben ser inscritas catastralmente. “Esto es errado, porque estas obras efectuadas en la franja que conduce a Puerto Bolívar no son mejoras, sino inversiones mineras sobre las que Cerrejón tiene un derecho de uso exclusivo y por esto no son inscribibles ante el catastro”.
Y agregó: “Aún si se insistiera en la pretendida inscripción catastral, Cerrejón tiene la condición de usuario exclusivo de las referidas obras de infraestructura y esta relación jurídica no puede ser objeto de registro catastral. Si se inscribiera a Cerrejón como propietario o poseedor de tales obras, tendríamos que proceder a interponer las acciones legales pertinentes a fin de que se defina judicialmente este hecho que hoy no es discutido en el proceso que generó la sentencia del tribunal”, puntualizó.
Sobre el pago del predial, la multinacional asegura que en los últimos 10 años ha pagado casi $6.000 millones a los municipios de Uribia, Hatonuevo, Barrancas y Maicao. “Este impuesto predial incluye los predios y mejoras de propiedad o de posesión de Cerrejón. Por lo tanto no incluye el valor de las inversiones mineras existentes en la franja de terreno baldío que conduce de la mina a Puerto Bolívar”, concluyó.
Controversia
Manuel Sierra, secretario de Hacienda de Riohacha y uno de los asesores de esta iniciativa, explicó que la explotación de la vía férrea comenzó en 1985 y que pese a que Cerrejón se ha escudado diciendo que fue un aporte de la Nación para el proyecto, los municipios insisten en que se deben inscribir las mejoras de esa franja de tierra, porque si bien el terreno es del Estado, la carrilera que aprovecha la empresa minera es privada, para beneficio propio y, por eso, debe pagar al municipio.
“Estamos hablando de una extensión muy importante, que le representaría ingresos muy significativos a las finanzas de los municipios. La reciente decisión del tribunal es un paso importante en este objetivo. Lo que sigue es la lucha por cobrar ese impuesto retroactivo, porque esa carrilera empezó a operar en 1984 y no hace un año”, dijo, y agregó: “Este un caso similar a lo del sitio donde construyeron los muelles en Puerto Colombia, donde el IGAC hizo el avalúo, lo registró y desde entonces pagan predial por las mejoras que hicieron en ese predio del Estado”.
Por su parte, César Arismendy, director de Planeación de la Gobernación de La Guajira, dijo que la sentencia del tribunal permite la actualización del valor de las tierras y ajustar el valor del impuesto. “El corredor minero está subvalorado, a precio de huevo, y no había sido sujeto a actualización. Hay acciones de los municipios de Uribia y Manaure en curso; con seguridad se sumarán a esta alternativa los municipios de Maicao y Albania, ya que hacen parte de lo que se llama el cluster de pobreza en La Guajira”.
La pelea ya está casada. Por ahora, corresponderá al Consejo de Estado asumir el estudio de la discusión sobre el registro que ordenó el Tribunal de La Guajira al IGAC, para saber si los municipios tienen un elemento fuerte para continuar con el reclamo. En caso de ganar, obtendrían un verdadero “tren de dinero” para fortalecer sus finanzas.
  • Alexánder Marín Correa / Diana Carolina Cantillo | Elespectador.com



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