11/13/2018

Comité Cívico por la Dignidad de la Guajira: UN LLAMADO A LOS ACTORES ORGANIZADOS PARA CONSTRU...

Comité Cívico por la Dignidad de la Guajira: UN LLAMADO A LOS ACTORES ORGANIZADOS PARA CONSTRU...: La Guajira se ha convertido en una de las regiones minero energética y de energías alternativas más importantes del país, al tener e...

UN LLAMADO A LOS ACTORES ORGANIZADOS PARA CONSTRUIR UN PROCESO DE DIALOGO Y DE CONCERTACION POR LA DIGNIDAD DE LA GUAJIRA




La Guajira se ha convertido en una de las regiones minero energética y de energías alternativas más importantes del país, al tener el 56% de las reservas de carbón; las proyecciones para el 2022, indican que su cuenca gasífera  llegara a representar el 35.7% de las reservas nacionales y en materia de petróleo, la cuenca costa afuera tiene una proyección de 11.700 millones barriles; adicional a la minería del carbón y los hidrocarburos, en energía eólica tiene un potencial de 21.000 MW de energía y;  en energía solar tiene una potencialidad de 2190 kilovatios/ horas por metros cuadrados al año.

La explotación del carbón y el gas no ha proporcionado  beneficios en la misma proporción a las riquezas generadas por dicha explotación. Pero, si nos ha dejado pobres indicadores sociales y fiscales y altos niveles de corrupción, el debilitamiento institucional y el ahondamiento de la crisis de representatividad política. Esta situacion tiende a agudizarse porque las políticas  de Duque al igual que sus predecesores Uribe y Santos es seguir llenando de privilegios a la inversión directa extranjera. Una muestra es la propuesta de reforma tributaria que apunta a conceder mayores exenciones tributarias a las multinacionales y en cambio por la via del IVA llenar de más impuestos a las clases trabajadoras y a los productores nacionales.
En términos generales tenemos un  gran vacío de un proyecto colectivo de sociedad, así, nos  lo indica la ausencia de espacios conjuntos para el análisis, la discusión y la concertación sobre los intereses estratégicos de La Guajira y en la dificultad para encontrar asuntos que toquen las fibras más sensibles y profundas de la sociedad  guajira y  para lograr su movilización.

El departamento necesita un tratamiento acorde con su profunda crisis, se requiere del esfuerzo conjunto de la sociedad civil organizada, de las organizaciones de la academia, del empresariado guajiro y de la institucionalidad civil para construir un pacto colectivo como medio para poder superar la crisis. 
En ese orden de ideas, el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira,  Sintracarbon, Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu y Fecodemigua están convocando  a todos los actores sociales, sindicales, étnicos, políticos, académicos a los gobiernos departamental y municipales, a los concejos y personeros municipales, asamblea departamental, las iglesias y a las organizaciones de empresarios guajiros y medios de comunicación   del departamento para  iniciar el Proceso de  Dialogo Social Dignidad Guajira, de carácter plural y amplio. El futuro de La Guajira depende de una acción conjunta urgente. Necesitamos que los sectores las organizaciones de la sociedad civil,  empresariales, gremiales, académicos, organizaciones sociales e institucionalidad pública se sumen a esta iniciativa de dialogo.

Este proceso de dialogo, la escucha activa, el ejercicio continuo de inclusión y la búsqueda de consenso  debe en primera instancia  cambiar de forma cualitativa las actuales relaciones de dispersión, división y pugnacidad, de tejido organizativo débil y fragmentado que caracteriza a los actores guajiros por unas relaciones de colaboración y ayuda mutua. El cambio de relaciones entre las fuerzas vivas del departamento es imprescindible para  convertirnos en sujetos  políticos con capacidad para exigir  al Estado Colombiano, la formulación y aprobación de políticas públicas que propicien el desarrollo del departamento y el progreso de sus gentes.
Como segundo insumo se busca construir de forma colectiva  un diagnostico acerca de la realidad económica, social y ambiental y como tercer insumo se deben formular unas propuestas de desarrollo alternativo que nos permita transitar del extractivismo minero hacia otros sectores productivos alternativos,  en la diversificación debe dársele prioridad  a la agricultura de pequeños y medianos productores y a  la pesca para garantizar la recuperación de la soberanía alimentaria, la industria manufacturera, el turismo, actividades vinculadas a la ciencia y tecnología, emprendimientos energéticos de mediana y pequeña escala, todas ellas que tengan la capacidad de generar grandes impactos en la generación de empleos y oportunidades para todos los guajiros. Los acuerdos finales deben ser debidamente refrendados por los actores de manera solemne y pública

Y, por último, previa elaboración del diagnóstico y la definición de las propuestas de desarrollo se debe convocar al Gobierno Nacional y a las multinacionales para discutir las formas de financiación de esas propuestas de desarrollo, con metas a corto, mediano y largo plazo.
Es imprescindible que las autoridades civiles entiendan la necesidad de  institucionalizar este Proceso de Dialogo Social Dignidad Guajira y los acuerdos adoptados en varios niveles. Por lo tanto, se debe  dar lugar a un espacio de coordinación intergubernamental para operativizar los acuerdos y compromisos establecidos.

En el llamado al Dialogo por la Dignidad Guajira, se han vinculado organizaciones como  facilitadores del dialogo Oxfam en Colombia, el departamento de Leyes de la Universidad de Durham de Londres y la Universidad Externado de Colombia  está en la expectativa de vincularse como promotora del dialogo.
Como parte de la socialización del proceso de Dialogo Social por la Dignidad de La Guajira  el  SEMINARIO INVERSION EXTRANJERA EN LOS RECURSOS NATURALES: LA GUAJIRA, que organizaron el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, Departamento de Leyes de la  University Durham de Inglaterra,  OXFAM en Colombia, Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira, SINTRACARBON, Fuerza de Mujeres Wayuu y Fecodemigua  con el fin de que los actores sociales organizados del departamento como medio para modificar las actuales relaciones de dispersión y pugnacidad por una de colaboración mutua.
Barrancas, La Guajira,10 de noviembre del 2018.
Firman:
1.     Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira
2.     Sintracarbon
3.     CUT Guajira
4.     UGTI Guajira
5.     Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu
6.     Feconademigua
7.     Resguardo indígena Cerrodeo
8.     Resguardo indígena Nuevo Espinal
9.     Junta de Acción Comunal Pupuma
10.                       Junta de Acción Comunal San Pedro
11.                       Junta de Acción Comunal de Barrancón.
12.                       Consejo Comunitario de Negros Cimarrones de Vereda Manantialito
13.                       Consejo Comunitario de Negros Cimarrones de Crucetal
14.                       Polo Democrático Alternativo.
15.                       Comité de Prodefensa Serranía del Perijá
16.                       Asociación de la Comunidad de Sarahita.
17.                       Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos de La Guajira
18.                       Consejo Comunitario de Afrodescendientes de Palmarito
19.                       Colectivo Diversidad  viva
20.                       Asociación Comunitaria de Afrodescendientes de las Casitas
21.                       Asociación de Campesinos de la Guajira Asocasagua
22.                       Fundación un Despertar del Mañana
23.                       Asociación de Estudiantes de Secundaria de La Guajira.
24.                       Oce- Guajira
25.                       Centro de Estudios del Carbón Guajira.








11/06/2018

SEMINARIO INVERSION EXTRANJERA EN LOS RECURSOS NATURALES.

La inversión extranjera en la explotación  de los recursos naturales en el país y en particular en La Guajira, como ha sido el caso del Cerrejon, no  se han realizado de manera armónica con el ambiente, las comunidades y el entorno y por el contrario, esa inversión extranjera en el  extractivismo  ha terminado por afectar el ‘buen vivir’ de nuestras comunidades y convertido en  fuente de complejos y profundos conflictos socio ambientales. Este seminario forma parte de la socialización del proceso de Dialogo Social por la Dignidad de La Guajira que el Comité cívico y otras organizaciones  están convocando a los actores sociales organizados del departamento como medio para modificar las actuales relaciones de dispersión y pugnacidad por una de colaboración mutua.
Por todo lo anterior, nos permitimos invitarles  al  SEMINARIO INVERSION EXTRANJERA EN LOS RECURSOS NATURALES, que organizan el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, Departamento de Leyes de la  University Durham de Inglaterra,  OXFAM Colombia, Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira, SINTRACARBON, Fuerza de Mujeres Wayuu y Fecodemigua, el cual  se realizara el próximo 10 de noviembre, en el horario de las 8:00 a.m.  – 1.00 p.m. en Barrancas, La Guajira, en la sede  de Sintracarbon Barrancas.

10/16/2018

764 millones de dólares vale demanda de Eco Oro contra Colombia por Santurbán



La delimitación del páramo de Santurbán no solo se ha convertido en un reto social, sino en un pleito jurídico que podría tener un alto costo económico para el Estado colombiano.
Hasta julio de 2019 tendrá plazo el Ministerio de Ambiente para culminar la nueva demarcación del páramo de Santurbán en Santander.
La solicitud realizada por el ministro de esa cartera, Ricardo Lozano, de ampliar el plazo para adelantar ese proceso, finalmente fue tenida en cuenta por el Tribunal Administrativo de Santander, que decidió otorgarle ocho meses más, tiempo que empezará a correr a partir del 10 de noviembre de 2018, fecha en la que vencía el plazo otorgado por la Corte Constitucional para dar a conocer la resolución definitiva.

Así las cosas, el Gobierno nacional tendrá que gestionar los recursos y llegar a acuerdos con las comunidades que residen en la zona en tiempo contrarreloj.

Sin embargo, este no es el único inconveniente que tendrá que resolver el Estado con respecto a este ecosistema, pues en curso se encuentra un proceso de arbitraje solicitado por la minera canadiense Eco Oro, que actualmente hace trámite en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, con sede en Washington.

La empresa, antes llamada Greystar, reclama una compensación por 764 millones de dólares por los daños que habría sufrido como consecuencia de la "expropiación indirecta e ilegal, y el trato injusto y no equitativo" de parte del Estado colombiano, según sus palabras, en el contrato de concesión del proyecto llamado Angostura, un yacimiento de oro y plata ubicado en inmediaciones del páramo de Santurbán.
La compañía inició gestiones y operación hace más de 20 años, pero tan solo hasta 2011 solicitó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación de una mina a cielo abierto.
Según Greystar, el Gobierno colombiano consideró en su momento que el proyecto era de importancia nacional, razón por la cual la Agencia Nacional de Minería le otorgó licencia ambiental para extraer oro de la zona y en un año después decidió extender la licencia de explotación.
Eco Oro argumenta que tenía un derecho adquirido, avalado además por un tratado de libre comercio con Canadá que había sido firmado en 2008.
Con base en la licencia otorgada, la empresa construyó un campamento en el municipio de California (Santander) en el que empleó a unas 200 personas.

El páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Santander y Norte de Santander en una superficie de 142.610 hectáreas. Foto: archivo/Semana.
En 2014, sin embargo, el Gobierno concluyó la delimitación de 100.000 hectáreas a las que les dió el carácter de zona de páramo en Santurbán y aunque le renovó el título minero a la empresa, solo se lo otorgó entre el 50 y 60 por ciento del área que inicialmente le había concedido.

Posteriormente, un fallo de la Corte Constitucional provocó un nuevo cambio en la situación. La Corte declaró inexequible un artículo del plan de desarrollo 2014-2018 que permitía la explotación de Eco Oro y prohibió definitivamente la explotación de minerales en cualquier páramo del país. Además, ordenó al Ministerio de Ambiente realizar una redelimitación.

En consecuencia, el 2 de agosto de 2016, la Agencia Nacional de Minería suspendió la licencia a Eco Oro Minerals.
El lío jurídico comenzó entonces. Los inversionistas que integran la firma tomaron la decisión de demandar internacionalmente al Estado colombiano.
Uno de los argumentos de la compañía para presentar la denuncia es que el Atlas de los Páramos de Colombia, publicado por el Instituto Von Humboldt en 2007, no tenía ningún efecto legal, razón por la cual las medidas adoptadas por el Estado no podían basarse en ese documento.
"Aunque fue más preciso que el de 1998, su falta de precisión fue tan grande que un solo pixel representaba un área de 6.25 kilómetros, o el equivalente a 1.500 campos de futbol. El Atlas de los páramos mostró que un ecosistema de páramo coincidía con algunas áreas de la concesión 3452. Aunque, debido a su falta de precisión y su gran escala, el área del páramo era incierta. Ese documento fue hecho con fines académicos y de información. No tenía ningún efecto legal”, indica la denuncia.

La firma canadiense aseveró en su momento, por medio de un comunicado de prensa publicado en marzo de 2018, que inicialmente había invertido más de 250 millones de dólares en la estructuración, exploración y coordinación del proyecto.
Ante este panorama, Eco Oro calcula ahora que el valor justo en el mercado del proyecto es de 696 millones de dólares, más unos interés de 68 millones, que deberán ser asumidos por el Estado colombiano si llega a perder el arbitraje.  
De otro lado, la empresa señaló que dada la incertidumbre decidió no presentar un plan de mina que le estaba exigiendo la Agencia Nacional de Minería y denunció la negativa del Gobierno colombiano a otorgarle una suspensión de los plazos mientras se resolvía el pleito. Esto conlleva a que la concesión sobre el proyecto de Angostura quede sujeta a rescisión.
Mientras tanto la empresa sigue adelantando actividades ambientales y de mitigación del riesgo en la zona con cerca de 30 empleados directos.

En el municipio de California (Santander) se encuentra ubicado el campamento de la compañía minera canadiense Eco Oro.
¿En qué va el proceso?
Colombia tenía plazo de presentar el memorial de fondo (méritos) hasta finales de octubre de este año, pero solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un aplazamiento, que finalmente le fue concedido hasta el 24 de diciembre de 2018, es decir, por 60 días, a partir del 25 de octubre. 
El Gobierno nacional argumentó su solicitud en el empalme por el cambio de Gobierno. Sin embargo, el Ciadi dejó claro que no compartía el hecho de dar plazos, pero recalcó que haría una excepción en esta oportunidad.
En un auto del 10 de octubre, el centro le aclaró además al Gobierno nacional que no volvería a concederle otro plazo y que le otorgaría a la contraparte un tiempo equivalante para que revise los descargos que se espera envíe Colombia.
Esta situación hizo que se efectuara un reajuste al calendario, por lo que tan solo hasta finales del próximo año podría llevarse a cabo la primera audiencia formal.

El tribunal quedó conformado por el británico Juliet Blanch (presidente) y los árbitros Horacio A. Grigera (Argentina) y Philippe Sands (Gran Bretaña).
Semana Sostenible intentó comunicarse con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica o alguno de sus delegados, pero no fue posible contactarlos.
"Si el laudo arbitral o fallo sale en contra, Colombia no tendría otra instancia a la cual acudir, pues no existe una entidad superior al Ciadi en el tema de arbitramento", comentó Carlos Lozano, abogado y ambientalista.
El experto considera que más allá del fondo jurídico, hay que darle a este tema una lectura política.
"La discusión de fondo es qué implica que Colombia haga una cesión de soberanía al someterse a este tipo de mecanismos (arbitraje) donde no puede tomar decisiones de interés público respecto a la conservación ambiental; es un flanco de vulnerabilidad para el Estado colombiano para llevar adelante políticas que son legítimas", apuntó.
Para Lozano también es importante analizar las implicaciones que esto puede traer para la política ambiental del país.

"Si los condenan seguramente el Estado va a quedar paralizado para tomar decisiones de conservación ante las acciones jurídicas de las mineras", apuntó.
Lozano considera indispensable que haya una revisión de la política de concesión de títulos en el país, al igual que de la coordinación entre instituciones para no generar a futuro este tipo de reclamaciones. 
"Si el país va a someterse a esas reglas debe revisar bien antes de otorgar los títulos mineros. El origen de todo este problema no es la delimitación de los páramos, sino la concesión de los títulos donde no deberían. Si el Gobierno no hubiera concedido esos títulos no estaríamos hoy con este problema", recalcó Lozano, quien afirmó que en una época se concedían títulos simplemente con la cédula.
Se teme que si la sentencia sale en contra de Colombia se genere una ola de demandas por parte de las compañías a las que les fue anulado su título minero luego del año 2016.
En ese mismo tribunal, Gas Natural SDG S.A, Red Eagle Exploration Limited, Astrida Benita Carrizosa, Glencore International A.G., y América Móvil S.A.B. tienen procesos de arbitraje contra Colombia pendientes por resolver.
  
Texto y fotografías tomados de Semana Sostenible.

10/11/2018

EL CERREJON MUESTRA DE NUEVO SU VERDADERO ROSTRO DE ENEMIGO ARRECIMO DEL PUEBLO GUAJIRO





Hoy jueves, 11 de octubre, Cerrejon Limited, muestra de nuevo su verdadero rostro de agresor y enemigo arracimo del pueblo guajiro.


Esta multinacional contando con la complicidad del estado colombiano, en esta ocasión con un  cuerpo de policía y el  juzgado  promiscuo de Barrancas desaloja de forma  violenta a más de 20 indefensas y pacificas familias indígenas wayuu,  asentadas en la   comunidad  Lutamana ubicada en el sur de La Guajira.

Lutamana es un asentamiento wayuu compuesta por 25 familias, las comunidades alegan que Cerrejon los desalojó  aduciendo una propiedad  adquirida con engañifas y  a precios irrisorios.De esta acción violenta perpetrada por multinacionales extranjera contra los propietarios ancestrales de estos territorios dejo como consecuencia varios heridos y la destrucción de sus humildes casas.



El Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira exige al Estado Colombiano y al Cerrejon en respeto al derecho ancestral del territorio y responder por los daños causados a la integridad física lo mismo que a los bienes de estos pacíficos moradores.
No Mas Cerrejon en La Guajira.

11/19/2017

VIVA LA LUCHA DE LOS ARHUACOS, NO A LA MINERIA EN LA SIERRA




La Sierra Nevada de Santa Marta, necesita de la ayuda de los colombianos para enfrentar la  arremetida del gobierno Santos de permitir minería en ella. Al interior de la LíNnea Negra existirían cerca de 160 minas que afectaran 332 fuentes hídricas, incluida la Ciénaga Grande de Santa Marta y existen 285 títulos mineros vigentes, 7 bloques mineros y cerca de 1.320 solicitudes de títulos VIVA LA LUCHA DE LOS ARHUACOS, NO A LA MINERIA EN LA SIERRA


La Sierra Nevada de Santa ha perdido cerca del 92% de la nieve, es decir, le queda únicamente 6,7 kilómetros de capa de hielo. RECHACEMOS LA MINERÍA EN LA SIERRA NEVADA